​Según datos de la Administración General de Aduanas (AGA) de México, Nuevo Laredo se consolidó –con amplia ventaja– como el principal puesto de control aduanero del país. La recolección de más de 15% de los tributos y un 23% del total de operaciones de comercio exterior, se realizaron a través de este puesto fronterizo entre enero y octubre de 2018.
 
En el segundo y tercer lugar, con 9.62% y 9.14% respectivamente, se encuentran Ciudad Juárez y Tijuana. La lista de las 10 principales aduanas mexicanas se completa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que reúne un 6.28% de los trámites, Ciudad Reynosa, Colombia, Nogales, Guadalajara, Manzanillo y Piedras Negras, que cierra la lista con un 3.64% del total de las gestiones.
 
En cuanto a la recaudación de impuestos en las aduanas, al tercer trimestre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento de 4.58% con respecto al mismo periodo en 2017. Para Deloitte, el éxito de la recaudación se debe a la estrategia de modernización aduanera que inició en 2013, con la cual se creó la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, se invirtió en tecnología y implementó un nuevo modelo de riesgo para la fiscalización.
 
La recolección para el periodo se estima en unos USD 33.9 mil millones, siendo los rubros más importantes el Impuesto de Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; que representan respectivamente un 76.31% y un 16.23% del total. La recaudación en las fronteras constituye el 29.6% de todos los ingresos tributarios de México.
 
Para más información consulte: Opportimes y Mexicoxport. 

El 13 de octubre inició en San Pedro Sula, Honduras una caravana de migrantes que avanza hacia los Estados Unidos. El grupo fue aparentemente incitado por Bartolo Fuentes, un exdiputado hondureño, quien fue detenido por la policía guatemalteca hace unos días. Se calcula que el movimiento –el segundo en lo que va del 2018– inició con unas 700 a 1000 personas; y actualmente se calcula que podría estar compuesto por más de 5000 migrantes.
 
El 18 de octubre, el presidente Trump anunció, mediante su cuenta de Twitter, que detendría la cooperación que reciben los países [del Triángulo Norte] que parecen no tener control sobre su población; desconociendo el arreglo migratorio –conocido como CA4– que permite a los ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala circular libremente entre sus territorios, sin necesidad de un pasaporte.
 
En razón de lo anterior, el primer reto de control migratorio de la caravana ha sido el ingreso a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país clarificó que continuará reconociendo el derecho a la libre movilidad de las personas, y que los migrantes podrán ingresar a su territorio si disponen de una visa o solicitan la condición de refugiados. El lunes 22 de octubre, parte del grupo ya había logrado llegar a Huixtla, al sur de México. Desde ese punto hasta la frontera con los Estados Unidos hay al menos 2000 kilómetros.
 
Mientras la caravana avanza, las autoridades y los medios de comunicación, procuran aclarar el panorama. En distintas publicaciones se desmienten rumores sobre lo que podría ocurrir cuando las personas se presenten a la frontera entre México y los Estados Unidos. Aún está por verse cómo serán aplicadas las regulaciones para quienes soliciten asilo, el trato diferenciado que podrían recibir los niños y la potencial separación de familias.
 
Para más información consulte El Pais. 

​Especialistas de IT de México, Perú y Costa Rica trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft en el desarrollo de una solución basada en blockchain para permitir el intercambio automatizado, seguro y eficiente de información sobre operadores económicos autorizados (OEA) entre las autoridades aduaneras. Su objetivo es garantizar una implementación efectiva de los acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA por sus siglas en inglés) de sus programas OEA.
 
Este proyecto piloto –denominado CADENA– facilitaría la extensión de beneficios a los operadores cubiertos por los MRA en distintos países, de una manera segura y eficiente. Puntualmente, el uso de blockchain permitirá que las autoridades aduaneras tengan una visión única del estado de un certificado OEA en tiempo real y los datos estén respaldados por los más altos estándares de seguridad, trazabilidad y confidencialidad. CADENA también permitirá a las empresas acceder la información sobre sus certificados, aumentando la confianza y la transparencia de los programas y los MRA. La herramienta utilizará los estándares de la OMA y el formato de Número de Identificación de Comerciante (TIN) único a nivel mundial.
 
A futuro, CADENA podría ser aplicada por cualquiera de los 80 países que han establecido programas OEA alrededor del mundo, para optimizar los 60 MRA vigentes e incentivar la suscripción de más acuerdos de colaboración público-privada aduanera.
 
Para más información consulte el WCO OMD

Uno de sus principales obstáculos para el desarrollo comercial y económico de Latinoamérica es su deficiente infraestructura. Por ello, varias naciones han decidido matricularse en esquemas de asistencia financiera y atracción de inversión, en el marco de sus nuevas relaciones diplomáticas y la negociación de tratados de libre comercio con China. Algunos han optado por unirse a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda con la intención de que los pendientes sean resueltos con capital chino.
 
La estrategia pareciera lógica, considerando que China se ha convertido en un socio muy relevante para la región. Solo en 2017, las alianzas y adquisiciones chinas en Latinoamérica rondaron los $17 mil millones y el gigante asiático financió proyectos públicos por unos $9 mil millones. Sin embargo, la apuesta es riesgosa y la experiencia de países que no lograron hacer frente a las obligaciones financieras impuestas por Pekín –como Malasia, Sri Lanka y Pakistán– no debe menospreciarse.
 
Múltiples proyectos de transporte y energía de Latinoamérica, a cargo de empresas chinas, se han retrasado o no han sido completados. Los inversionistas chinos encuentran los procesos de licitación y el ambiente regulatorio regional muy complejos; y han acabado inmersos en conflictos socio-políticos en más de una oportunidad. No es de extrañarse que la conclusión del II Seminario de China y América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo el 8 y 9 de setiembre, es que las partes deben profundizar en su conocimiento mutuo.
 
Latinoamérica no tiene muchas opciones para llevar a cabo los mega proyectos viales y ferroviarios que necesita. No obstante, en vista de los antecedentes propios y extranjeros, un acercamiento cauteloso con China es más que recomendable.
 
Para más información consulte ReVista Harvard y Andina. 

La reunión ministerial de Comercio e Inversiones, de las veinte economías más grandes del mundo, se llevará a cabo este viernes en Mar del Plata. Este es uno de los eventos clave en el marco de prioridades para esta ronda del G20, pues se relaciona con al menos tres de sus cuatro ejes de trabajo: futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, futuro alimentario sostenible y perspectiva de género.
 
Los asistentes a la reunión lideran economías que reúnen el 75% del comercio y el 80% de las inversiones a nivel global. Entre sus propósitos están analizar los grandes desafíos internacionales y promover políticas públicas para resolverlos. Temas como la guerra arancelaria iniciada por los Estados Unidos y una potencial reforma a la Organización Mundial del Comercio no deberían estar ausentes. Lo irónico es que Argentina sea el anfitrión del foro y participe en estas discusiones, cuando no está claro si podrá superar la crisis económica que enfrenta actualmente.
 
Argentina se encuentra al borde de una recesión. El peso se ha devaluado frente al dólar, más que ninguna otra moneda en 2018 y la inflación está cerca del 30%. El gobierno de Mauricio Macri –considerado al ser electo en 2015 como el único apto de estabilizar al país– ha sido incapaz de solucionar el déficit fiscal. Las tasas de interés se han disparado y, en un círculo vicioso, se han desincentivado las inversiones, mientras el déficit en la balanza comercial ha aumentado. El gobierno de Argentina ha recurrido nuevamente al Fondo Monetario Internacional –al que muchos argentinos culpan de la crisis de 2001–, que le ha otorgado un préstamo de $50 mil millones.
 
Sumado a la situación de Venezuela, las dudas que genera el nuevo gobierno de México y la incertidumbre por las próximas elecciones en Brasil, la decepcionante posición de Argentina debilita la esperanza de un liderazgo renovado y positivo entre las naciones más grandes de Latinoamérica. 
 
Para más información consulte El Pais y La Voz. 

​Esta semana destacan, en el ámbito comercial y económico de Latinoamérica, las noticias positivas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica y la lamentable agudización de la crisis venezolana.
 
Con optimismo, el lunes 20 de agosto, El Salvador oficializó su integración a la Unión Aduanera que Guatemala y Honduras concretaron hace un año. La homologación de regulaciones y procesos aduaneros, migratorios, sanitarios y de seguridad representa una reducción significativa en el tiempo necesario para efectuar el control fronterizo, lo cual beneficiará principalmente a las transacciones comerciales. El PIB del nuevo territorio aduanero es de US$117.8 mil millones y alberga un mercado de 31.9 millones de personas. Los líderes de los tres países –y de toda la región– esperan que la integración atraiga la inversión extranjera, fomente cadenas productivas y dinamice la economía del bloque; contrarrestando el desempleo y la inseguridad que han convertido a tantos de sus ciudadanos en migrantes.
 
Por otra parte, en el Sur del continente, el gobierno de Venezuela desplegó la circulación de una nueva moneda, el bolívar soberano. El presidente Nicolás Maduro asegura que el medio de pago –con cinco ceros menos que su predecesor– contribuirá a detener la hiperinflación que enfrenta el país; que el Fondo Monetario Internacional había estimado alcanzaría 1,000,000% para final de 2018. No obstante, las cosas no son tan simples como ver el precio de un pollo pasar de 6 millones de bolívares fuertes a 60 bolívares soberanos. La población está confundida, el comercio continúa en la incertidumbre y el pesimismo aumenta. Para la mayoría de los analistas, es poco lo que esta medida monetaria y el programa oficial de recuperación económica podrá hacer para impedir el cierre de más empresas y la migración de cientos de miles de venezolanos, que además plantea cada día más retos para Colombia, Chile y Ecuador.

Para más información consulte: El Periodico y BBC. 

Este lunes, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile certificó a los primeros tres Operadores Económicos Autorizados (OEA) del país. El proceso de validación –que fue superado por un fabricante de productos de limpieza y dos agentes aduaneros– puede tomar hasta 120 días y comprueba que los procedimientos de exportación e importación se realizan de acuerdo con los mejores estándares. La acreditación es un momento clave en el desarrollo de un esquema chileno colaboración público-privado, conforme con el artículo 7 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas.   
 
Los beneficiarios del programa OEA de Chile podrán acceder a procedimientos simplificados de control en frontera y medidas especiales para agilizar los trámites de despacho de sus operaciones internacionales. El Director Nacional de Aduanas, Claudio Sepúlveda, estima que el tiempo de tramitación para los operadores se podría reducir en un 50%. Esta es una de las características más atractivas de los programas OEA alrededor del mundo, dado que la efectividad representa oportunidades de ahorro e inversión, principalmente para empresas pequeñas y medianas.
 
Adicionalmente, los operadores certificados en Chile, país miembro de la Alianza del Pacífico, podrán a futuro acceder a un trato preferencial en Colombia, Perú y México. Lo anterior, con base en el acuerdo de reconocimiento mutuo suscrito por la agrupación recientemente. Los países de la Alianza se fortalecerán con el intercambio de información sobre los OEA, mientras las empresas de un país podrán obtener beneficios en todos los territorios.
 
Para más información consulte El Economista America. 

En las últimas semanas, la Unión Europea (UE) ha redoblado esfuerzos para promover el libre comercio y compensar las tendencias proteccionistas a nivel global. La reforma de la Organización Mundial del Comercio ha sido anunciada como una de las principales metas del bloque en el ámbito multilateral, mientras la suscripción del Acuerdo de Asociación Económica con Japón ha servido para confirmar su interés en la apertura del intercambio bilateral.
 
En Latinoamérica, la UE concluyó en abril pasado negociaciones con México para actualizar el acuerdo que tienen vigente desde el año 2000; y en junio realizó la tercera ronda de negociaciones para la modernización de su acuerdo de 2003 con Chile. A pesar de dos décadas de intentos fracasados, varios analistas creen que el contexto internacional, este nuevo rol de la UE y la orientación política de Argentina y Brasil podrían constituir la ventana de oportunidad esperada para alcanzar un acuerdo entre el conjunto europeo y MERCOSUR (exceptuando a Venezuela).
 
La Alianza del Pacífico (AP) también podría ser un agente de cambio en este escenario. En la última cumbre de esta agrupación, los países miembros se comprometieron –en respuesta a las tendencias proteccionistas globales y sus propias necesidades de crecimiento– a fortalecer sus vínculos con el resto de Latinoamérica. Esta es una motivación adicional para que los países del MERCOSUR, limitados anteriormente por rígidas posturas ideológicas en materia comercial, se decidan a fomentar encadenamientos productivos y ventajas logísticas para el su intercambio con la UE. Además, podría ser el empujón que otras naciones –ya vinculadas a la UE a través de acuerdos, como Costa Rica y Panamá– necesitan para iniciar su proceso de ingreso a la AP.
 
 
Para más información consulte: Notimerica y Gaceta Mercantil. 

Este lunes, el núcleo portuario de Latinoamérica y la potencia del hemisferio oriental, empezaron a negociar un tratado de libre comercio (TLC). El establecimiento de un acuerdo preferencial entre ellos, es un esperado hito en el proceso que inició hace un año, cuando Panamá rompió formalmente relaciones diplomáticas con Taiwán.
 
No obstante, estas negociaciones representan mucho más; son una señal del persistente interés de China por fortalecer su enlace con la región. Y Panamá –como lo han hecho anteriormente Chile, Perú y Costa Rica– buscará aprovechar este interés para traer agua a sus molinos. Las declaraciones del ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, lo confirman: “Atraer inversión china, posicionarnos como la puerta de entrada de esos productos e inversiones chinas a toda la región, es uno de los principales focos que ambos países hemos definido como principios fundamentales en la negociación”.
 
Fiel a su técnica, China acompañará la iniciativa del TLC con cooperación e inversiones, principalmente en infraestructura. En meses anteriores han anunciado su interés en involucrarse en proyectos de plantas energéticas, puertos, telecomunicaciones y hasta la construcción de un tren que llegue hasta la frontera norte de Panamá.
 
El tiempo demostrará el efecto de los esfuerzos chinos en Latinoamérica, en dos áreas claves: primero, la configuración del comercio global y las cadenas de valor (impactadas además por la nueva guerra arancelaria que ha emprendido por la Administración Trump) y segundo, el impacto de los compromisos adquiridos por las naciones latinoamericanas en las alianzas que China requiera para enfrentar los próximos cuestionamientos sobre derechos humanos o disputas territoriales.
 
Para más información consulte: El Economista

 

El domingo 1 de julio se realizarán las elecciones generales en México. Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, lidera las encuestas con casi un 50% de apoyo. Se estima que la coalición también alcanzará la mayoría en ambas cámaras del Congreso. La coalición ha sido tachada de populista y los términos de la alianza de MORENA con el Partido del Trabajo de izquierda y el ultraconservador Partido Encuentro Social han sido fuertemente cuestionados.
 
Las promesas de López Obrador incluyen eliminar privilegios en el sector público, fijar precios para productos agrícolas y fomentar la soberanía alimentaria, promover el refinamiento local de petróleo para reducir los precios de los combustibles, investigar casos de corrupción, y atender los problemas financieros y el narcotráfico con una estrategia mexicana –en oposición a esfuerzos impulsados por organismos internacionales y otros países–. Independientemente de su propuesta ideológica, JHH se ha posicionado como antítesis de la política tradicional y el gobierno de Peña Nieto.
 
En cuanto al comercio internacional y la gestión fronteriza, el discurso de López Obrador se ha caracterizado por un enfoque nacionalista de fortalecimiento del mercado interno y oposición a las políticas migratorias del presidente Trump. El candidato ha indicado que continuará la línea en la renegociación del TLCAN y luchará por mantener el formato tripartito del tratado. Aunque ha criticado el trato y la situación incierta que viven los migrantes en los EE.UU., no ha definido cuál será su política en el tema, que implica también un reto para México, que ha experimentado un 1000% de aumento en las solicitudes de asilo de centroamericanos desde 2015.
 
Para más información consulte: El Pais.