​El acuerdo de cooperación económica entre Japón y la UE entrará en vigor el 1 de febrero de 2019. Las condiciones de intercambio preferenciales, cubrirán un mercado de 600 millones de personas, que representan un tercio del PIB mundial; más de lo que representan conjuntamente China y los Estados Unidos. Un elemento incierto es cómo el Reino Unido podría beneficiarse del acuerdo después del BREXIT.
 
Al amparo del instrumento, un 99% de los productos japonenses podrán ser importados por la UE libres de aranceles, al igual que un 94% de los productos europeos que se exporten hacia Japón. El acuerdo permitirá aprovechar las ventajas competitivas que Japón tiene en la producción de bienes –incluso aquellos fabricados por empresas japonesas ubicadas en Reino Unido, sin importar el resultado del BREXIT– y las fortalezas de UE en cuanto a la provisión de servicios.
 
Además de las cláusulas comerciales, el tratado contiene disposiciones sobre cooperación en materia de política exterior, seguridad, desarrollo sostenible y cambio climático. La potencial reforma de la Organización Mundial del Comercio y su Órgano de Apelación, cuestionados respectivamente por su incapacidad de controlar las prácticas comerciales de China y superar el bloqueo ocasionado por los Estados Unidos, es uno de los ámbitos que podrá a prueba el alcance de esta colaboración.
 
Dada su magnitud, el acuerdo tendrá un impacto global, y sus consecuencias sobre terceros países son motivo de especulación. El pacto podría contribuir al debilitamiento de China más allá del CP-TPP; Rusia podría beneficiarse de habilitar rutas comerciales entre la UE y Asia; y los Estados Unidos podrían resultar más aislados, no solo en términos de intercambio, sino en cuanto a alianzas políticas.
 
Para más información consulte Sputnik Mundo. 
 

Al iniciar el año, autoridades alrededor del mundo han anunciado sus prioridades en la gestión del control aduanero. Una muestra, del Ministerio de Hacienda de España y la Subsecretaria de Comercio Exterior de México, proporcionan luz sobre los desafíos que surgen con las nuevas modalidades del comercio ­–tecnológicas y legales–.
 
En el caso de España, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 estará enfocado en las fintech, es decir, sistemas bancarios o financieros basados en Internet; el comercio electrónico; y las criptomonedas. Además de las ventas en línea, se busca intensificar el control de la paquetería y su paso por las aduanas, para evitar que los envíos desde el exterior se conviertan en coladeros. Según el documento, incluso las actividades logísticas ligadas con el comercio electrónico sirven de catalizadores para una penetración comercial no siempre acompañada de la correcta tributación.
 
Por su parte, México se prepara para implementar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) y asegurar que no sea utilizado inapropiadamente para la triangulación de insumos textiles, principalmente provenientes de Vietnam, que puedan afectar la producción nacional. Si bien el acuerdo es una señal de apoyo de un grupo importante de países para el libre comercio, las autoridades aduaneras buscan esquemas de intercambio de información, para tener trazabilidad y monitoreo en la cadena de suministro de las empresas, asegurando que la liberalización fomente únicamente el comercio justo y legal.
 
El CPTPP entró en vigor el pasado 30 de diciembre para México, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, mientras que para Vietnam inició el 14 de enero pasado –tras su respectiva ratificación–. Se espera que en los próximos meses Brunei, Chile, Malasia y Perú den el visto bueno al acuerdo.

Para más información consulte: T21

El Aeropuerto de Carrasco, en conjunto con Latam Airlines y el gobierno de Uruguay, ha implementado exitosamente un sistema de identificación facial de pasajeros. Esta es la primera terminal área que utiliza la tecnología en América Latina. El proyecto forma parte de la iniciativa de modernización que la Corporación América –administradora del aeropuerto– lanzó en 2015.
 
Con la herramienta, el proceso de embarque es más seguro y eficaz. Manualmente se puede despachar un promedio 6 pasajeros por minuto, mientras que con el sistema es posible autorizar el abordaje de hasta 14 pasajeros en el mismo tiempo. Lo anterior significa una reducción de costos para la terminal de Montevideo, además de la posibilidad de aprovechar mejor la infraestructura. Para Latam Airlines este es uno de varios avances tecnológicos que le han permitido ofrecer una experiencia más placentera a sus clientes. Previamente habían lanzado una herramienta que permite a los pasajeros medir su equipaje de mano de manera virtual y actualmente está trabajando en el rastreo de equipaje con notificaciones en tiempo real.
 
La contraparte gubernamental de esta alianza público-privada también se ha visto beneficiada con el proyecto, pues una de las mayores ventajas del sistema de identificación facial es la optimización de los trámites migratorios. Cuando un pasajero presenta su documento electrónico (pasaporte o cédula de identidad) el sistema registra la información, consulta listas negras e información provista por la aerolínea, y captura una fotografía; una vez que el usuario se presenta para su vuelo, la herramienta biométrica chequea que sea la misma persona de la foto del documento. Esta automatización libera recursos de la autoridad migratoria que pueden dedicarse a otras tareas de control.
 
Para más información consulte CNN.

​El presidente Mauricio Macri, encabezó el 11 de diciembre un evento para desplegar la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Argentina. La herramienta fue presentada como un hito de la iniciativa de modernización nacional “Agenda Digital 2030” y la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC.
 
La plataforma seguirá desarrollándose en los próximos años, agrupando los trámites de más de 30 organismos e instituciones involucradas en el intercambio comercial. Se estima que el sistema permitirá reducir hasta en un 65% los tiempos de gestión. Se espera que para 2022 la VUCE sea el único punto de contacto para las operaciones de importación, exportación y tránsito.
 
El proyecto de la VUCE inició en enero de 2017 como un piloto para facilitar la exportación de vino y soja. Las entidades responsables de la iniciativa son la Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios nacionales de Modernización y de Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP/Aduana).
 
Con la puesta en marcha de la VUCE, Argentina se suma los países de Latinoamérica y el Caribe que han implementado total o parcialmente una plataforma digital para trámites comerciales interinstitucionales. El grupo incluye a Colombia, México, Paraguay, Costa Rica, Chile, Perú, Brasil y República Dominicana. Estos casos de éxito se benefician regularmente de intercambios promovidos por la RedVUCE– respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo– e informes de desempaño, como los reportes sobre Comercio sin Papeles de la CEPAL.
 
Para más información consulte el gobierno de Argentina y las Naciones Unidas. 

Actualmente, 19 países de Norte y Sur América cuentan con programas de Operador Económico Autorizado (OEA). Los cinco programas que reúnen el mayor número de beneficiarios pertenecen a los Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana y Brasil. En toda América hay alrededor de 14550 empresas certificadas.
 
En conjunto, las autoridades aduaneras del continente han suscrito 24 Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con socios como Corea del Sur, Hong Kong, Israel, Singapur y la Unión Europea, entre otros. Los Estados Unidos, México y Uruguay encabezan la lista en cuanto a la cantidad de ARM suscritos y la Alianza del Pacífico se destaca por el reconocimiento multilateral entre sus miembros.
 
Para consolidar estos avances y continuar promoviendo los programas OEA, el 27 de noviembre próximo, en Sao Paulo, se realizará el lanzamiento del primer ARM regional del mundo. En el esfuerzo participarán al menos diez países, incluyendo a Colombia, Perú, Chile y la mayoría de los miembros del MERCOSUR.
 
La iniciativa, que cuenta con apoyo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, se mantendrá abierta para otros países que quieran integrarse. De acuerdo con Enrique Canon –Director de Aduanas de Uruguay y Presidente del Consejo de la OMA– el proyecto iniciará con todos aquellos que estén en condiciones de hacerlo, mientras se brinda apoyo para que más programas alcancen los mejores estándares y se sumen al ARM regional.
 
Para más información consulte este articulo en t21 y este articulo en t21. 

​Según datos de la Administración General de Aduanas (AGA) de México, Nuevo Laredo se consolidó –con amplia ventaja– como el principal puesto de control aduanero del país. La recolección de más de 15% de los tributos y un 23% del total de operaciones de comercio exterior, se realizaron a través de este puesto fronterizo entre enero y octubre de 2018.
 
En el segundo y tercer lugar, con 9.62% y 9.14% respectivamente, se encuentran Ciudad Juárez y Tijuana. La lista de las 10 principales aduanas mexicanas se completa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que reúne un 6.28% de los trámites, Ciudad Reynosa, Colombia, Nogales, Guadalajara, Manzanillo y Piedras Negras, que cierra la lista con un 3.64% del total de las gestiones.
 
En cuanto a la recaudación de impuestos en las aduanas, al tercer trimestre de 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento de 4.58% con respecto al mismo periodo en 2017. Para Deloitte, el éxito de la recaudación se debe a la estrategia de modernización aduanera que inició en 2013, con la cual se creó la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, se invirtió en tecnología y implementó un nuevo modelo de riesgo para la fiscalización.
 
La recolección para el periodo se estima en unos USD 33.9 mil millones, siendo los rubros más importantes el Impuesto de Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; que representan respectivamente un 76.31% y un 16.23% del total. La recaudación en las fronteras constituye el 29.6% de todos los ingresos tributarios de México.
 
Para más información consulte: Opportimes y Mexicoxport. 

El 13 de octubre inició en San Pedro Sula, Honduras una caravana de migrantes que avanza hacia los Estados Unidos. El grupo fue aparentemente incitado por Bartolo Fuentes, un exdiputado hondureño, quien fue detenido por la policía guatemalteca hace unos días. Se calcula que el movimiento –el segundo en lo que va del 2018– inició con unas 700 a 1000 personas; y actualmente se calcula que podría estar compuesto por más de 5000 migrantes.
 
El 18 de octubre, el presidente Trump anunció, mediante su cuenta de Twitter, que detendría la cooperación que reciben los países [del Triángulo Norte] que parecen no tener control sobre su población; desconociendo el arreglo migratorio –conocido como CA4– que permite a los ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala circular libremente entre sus territorios, sin necesidad de un pasaporte.
 
En razón de lo anterior, el primer reto de control migratorio de la caravana ha sido el ingreso a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país clarificó que continuará reconociendo el derecho a la libre movilidad de las personas, y que los migrantes podrán ingresar a su territorio si disponen de una visa o solicitan la condición de refugiados. El lunes 22 de octubre, parte del grupo ya había logrado llegar a Huixtla, al sur de México. Desde ese punto hasta la frontera con los Estados Unidos hay al menos 2000 kilómetros.
 
Mientras la caravana avanza, las autoridades y los medios de comunicación, procuran aclarar el panorama. En distintas publicaciones se desmienten rumores sobre lo que podría ocurrir cuando las personas se presenten a la frontera entre México y los Estados Unidos. Aún está por verse cómo serán aplicadas las regulaciones para quienes soliciten asilo, el trato diferenciado que podrían recibir los niños y la potencial separación de familias.
 
Para más información consulte El Pais. 

​Especialistas de IT de México, Perú y Costa Rica trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Microsoft en el desarrollo de una solución basada en blockchain para permitir el intercambio automatizado, seguro y eficiente de información sobre operadores económicos autorizados (OEA) entre las autoridades aduaneras. Su objetivo es garantizar una implementación efectiva de los acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA por sus siglas en inglés) de sus programas OEA.
 
Este proyecto piloto –denominado CADENA– facilitaría la extensión de beneficios a los operadores cubiertos por los MRA en distintos países, de una manera segura y eficiente. Puntualmente, el uso de blockchain permitirá que las autoridades aduaneras tengan una visión única del estado de un certificado OEA en tiempo real y los datos estén respaldados por los más altos estándares de seguridad, trazabilidad y confidencialidad. CADENA también permitirá a las empresas acceder la información sobre sus certificados, aumentando la confianza y la transparencia de los programas y los MRA. La herramienta utilizará los estándares de la OMA y el formato de Número de Identificación de Comerciante (TIN) único a nivel mundial.
 
A futuro, CADENA podría ser aplicada por cualquiera de los 80 países que han establecido programas OEA alrededor del mundo, para optimizar los 60 MRA vigentes e incentivar la suscripción de más acuerdos de colaboración público-privada aduanera.
 
Para más información consulte el WCO OMD

Uno de sus principales obstáculos para el desarrollo comercial y económico de Latinoamérica es su deficiente infraestructura. Por ello, varias naciones han decidido matricularse en esquemas de asistencia financiera y atracción de inversión, en el marco de sus nuevas relaciones diplomáticas y la negociación de tratados de libre comercio con China. Algunos han optado por unirse a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda con la intención de que los pendientes sean resueltos con capital chino.
 
La estrategia pareciera lógica, considerando que China se ha convertido en un socio muy relevante para la región. Solo en 2017, las alianzas y adquisiciones chinas en Latinoamérica rondaron los $17 mil millones y el gigante asiático financió proyectos públicos por unos $9 mil millones. Sin embargo, la apuesta es riesgosa y la experiencia de países que no lograron hacer frente a las obligaciones financieras impuestas por Pekín –como Malasia, Sri Lanka y Pakistán– no debe menospreciarse.
 
Múltiples proyectos de transporte y energía de Latinoamérica, a cargo de empresas chinas, se han retrasado o no han sido completados. Los inversionistas chinos encuentran los procesos de licitación y el ambiente regulatorio regional muy complejos; y han acabado inmersos en conflictos socio-políticos en más de una oportunidad. No es de extrañarse que la conclusión del II Seminario de China y América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo el 8 y 9 de setiembre, es que las partes deben profundizar en su conocimiento mutuo.
 
Latinoamérica no tiene muchas opciones para llevar a cabo los mega proyectos viales y ferroviarios que necesita. No obstante, en vista de los antecedentes propios y extranjeros, un acercamiento cauteloso con China es más que recomendable.
 
Para más información consulte ReVista Harvard y Andina. 

La reunión ministerial de Comercio e Inversiones, de las veinte economías más grandes del mundo, se llevará a cabo este viernes en Mar del Plata. Este es uno de los eventos clave en el marco de prioridades para esta ronda del G20, pues se relaciona con al menos tres de sus cuatro ejes de trabajo: futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, futuro alimentario sostenible y perspectiva de género.
 
Los asistentes a la reunión lideran economías que reúnen el 75% del comercio y el 80% de las inversiones a nivel global. Entre sus propósitos están analizar los grandes desafíos internacionales y promover políticas públicas para resolverlos. Temas como la guerra arancelaria iniciada por los Estados Unidos y una potencial reforma a la Organización Mundial del Comercio no deberían estar ausentes. Lo irónico es que Argentina sea el anfitrión del foro y participe en estas discusiones, cuando no está claro si podrá superar la crisis económica que enfrenta actualmente.
 
Argentina se encuentra al borde de una recesión. El peso se ha devaluado frente al dólar, más que ninguna otra moneda en 2018 y la inflación está cerca del 30%. El gobierno de Mauricio Macri –considerado al ser electo en 2015 como el único apto de estabilizar al país– ha sido incapaz de solucionar el déficit fiscal. Las tasas de interés se han disparado y, en un círculo vicioso, se han desincentivado las inversiones, mientras el déficit en la balanza comercial ha aumentado. El gobierno de Argentina ha recurrido nuevamente al Fondo Monetario Internacional –al que muchos argentinos culpan de la crisis de 2001–, que le ha otorgado un préstamo de $50 mil millones.
 
Sumado a la situación de Venezuela, las dudas que genera el nuevo gobierno de México y la incertidumbre por las próximas elecciones en Brasil, la decepcionante posición de Argentina debilita la esperanza de un liderazgo renovado y positivo entre las naciones más grandes de Latinoamérica. 
 
Para más información consulte El Pais y La Voz.